Comunicados Oficiales

En la ciudad de Villaguay, a los 20 días del mes de enero del año 2026, siendo las 16:00hs se reúnen presencialmente los miembros titulares del Consejo de ética y disciplina del Partido Libertario de Entre Rios: Pablo Rubén Jurado DNI 37291059, Yanina Soledad Gassmann DNI 31201851 y Federico Alberto Nicolas Vizgarra DNI 37735085, con la finalidad de tratar el siguiente temario:

VISTO 

La necesidad de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 53 inc. C) de la carta orgánica del Partido Libertario de Entre Ríos, que impone a este Consejo de ética y disciplina la obligación de dictar el Código de Ética partidario, el cual a su vez prevea la normativa referida a los procedimientos disciplinarios internos.

CONSIDERANDO

Que es necesario contar con el instrumento citado para establecer el proceso que han de seguir las causas disciplinarias, dentro del marco normativo que impone la Carta Orgánica, debiendo respetar las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa del afiliado partidario.

Que es competencia de este Consejo de ética y disciplina dictar un código de ética partidario según lo establece el artículo 53 inc. C) de la carta orgánica del Partido Libertario de Entre Rios. Que el código debe establecer el procedimiento de investigación y juzgamiento de las faltas de disciplina y éticas.
Que a los fines de la puesta en ejecución del CODIGO DE ÉTICA – PARTIDO LIBERTARIO DE ENTRE RIOS es necesario establecer un domicilio legal y electrónico del Consejo de ética y disciplina, a los efectos de cumplimentar las disposiciones de carácter procesal.

SE RESUELVE

Art. 1º: Aprobar el ANEXO 1: CODIGO DE ÉTICA – PARTIDO LIBERTARIO DE ENTRE RIOS, que se consigna a continuación de la presente.
Art. 2°: La normativa respectiva comenzará a regir a partir de los tres días de la fecha de publicación de esta resolución por la página web oficial del Partido Libertario de Entre Rios.
Art. 3°: Establecer como domicilio legal del Consejo de Ética y Disciplina del Partido Libertario de Entre Rios la calle Mitre N°1104 de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Rios; cómo así también establecer su domicilio electrónico en la siguiente casilla de correo: consejodeeticaydisciplina@partidolibertarioentrerios.com
Art. 4º: Comuníquese a las autoridades partidarias correspondientes para su debida publicidad.

ANEXO 1

CODIGO DE ÉTICA – PARTIDO LIBERTARIO DE ENTRE RIOS.
TITULO I
Consideraciones preliminares.
Capítulo I: Del objeto y alcance
Artículo 1: Propósitos. El presente Código de Ética tiene por objeto establecer el marco de integridad, los valores fundamentales y las normas de conducta que deben regir el comportamiento de todos los integrantes de la institución. Su fin es garantizar un ejercicio partidario transparente, ético y profesional, fortaleciendo la confianza de la sociedad y el prestigio de la entidad. Sus normasserán empleadas para regular la convivencia, la comunicación
y la resolución de conflictos que pudieran suscitarse entre quienes componen el partido, o se encuentran a pocos pasos de formar parte.
Artículo 2: Ámbito de aplicación. Este Código se aplica a todas las personas que integran el PARTIDO LIBERTARIO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, en lo sucesivo denominado indistintamente como EL PARTIDO o PL.
Artículo 3: Sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades, cuadros directivos, personal administrativo y/o colaboradores, sin distinción de jerarquía, cargo, situación contractual o antigüedad, incluyendo tanto a las personas afiliadas como también aquellas que hayan presentado su ficha de afiliación para su ingreso, estén activos o solo tengan intervenciones como opinantes sobre determinados temas.
Artículo 4: La aplicación del presente Código de ética es extensiva a cualquier parte que, sin estar afiliados, actúen como personas evaluadoras, asesoras, contratadas o vinculadas a afiliados o autoridades y que realicen trabajos o actividades para el Partido, siendo denominadas en lo sucesivo PERSONAS EXTERNAS RELACIONADAS.

Capítulo II: De la notificación y compromiso

Artículo 5: Toma de conocimiento y aceptación. Las autoridades del Partido garantizaran la debida publicidad del presente Código, debiendo encontrarse a disposición para su consulta en el sitio web oficial del Partido Libertario de Entre Rios, como también realizar periódicamente jornadas de capacitación sobre la temática a los afiliados.
Artículo 6: El hecho de estar afiliado al Partido, o haber presentado su ficha de afiliación y encontrarse la misma en trámite, así como de ser PERSONAS EXTERNAS RELACIONADAS, implica el conocimiento del contenido del presente Código y la aceptación de la totalidad de sus disposiciones. El desconocimiento de las normas contenidas en este Código no exime de
responsabilidad a sus destinatarios.

Capítulo III: De los Valores Institucionales

Artículo 7: Valores y principios rectores. La conducta de los sujetos obligados deberá inspirarse
en los siguientes valores:
1) Probidad y responsabilidad
2) Idoneidad y transparencia.
3) Respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo
4) Principio de no agresión.
5) Imparcialidad
6) Confidencialidad
7) Competencia técnica
8) Promoción de una cultura de mejora continua
9) Eficacia y eficiencia en el desempeño de labores
10) Observancia de normativas y regulaciones vigentes
11) Sostenibilidad económica
Artículo 8: Es fundamental considerar que la reputación de la organización partidaria es uno de sus activos más valiosos, y que esta se funda, precisamente, en el cumplimiento de los valores antes delineados. Todas las personas obligadas por este Código deben ajustar su conducta a estos valores.

TITULO II

De los estándares de integridad y conducta esperados.
Artículo 9: De la integridad moral y el respeto a la dignidad. El Partido Libertario de Entre Ríos garantiza un ámbito de participación libre de cualquier forma de violencia.
Se prohíbe el maltrato psicológico, el acoso (en todas sus formas) y el hostigamiento sistemático contra cualquier afiliado. Se entiende por hostigamiento la realización de actos o comentarios reiterados que tengan por objeto intimidar, excluir o degradar a una persona, afectando su dignidad o su desempeño partidario.
Perspectiva de Protección. El Consejo de Ética y Disciplina deberá actuar con especial celeridad ante denuncias que involucren abuso de poder de una autoridad hacia un militante o situaciones que vulneren la integridad de grupos vulnerables dentro del partido.
Artículo 10: Deber de respeto y trato cordial. Todos los integrantes del Partido,
independientemente de su jerarquía, deben mantener un trato respetuoso, digno y cordial en sus interacciones. El disenso político y la crítica a la gestión de las autoridades son derechos protegidos, siempre que se ejerzan dentro de los límites del decoro y la buena fe.
La libertad de expresión garantizada por el artículo 5 de la Carta Orgánica no ampara la difamación ni el hostigamiento. El Consejo de Ética y Disciplina distinguirá en cada caso concreto entre la crítica política (lícita) y la agresión personal o institucional (sancionable).
Artículo 10 bis: Ámbito de aplicación digital. Las normas de conducta y ética rigen plenamente en los entornos digitales. Se consideran faltas de respeto sancionables aquellas vertidas en:
a) Grupos de WhatsApp oficiales o de militancia.
b) Mensajería privada (chats) dirigida a autoridades o afiliados.
c) Videollamadas, plataformas de reuniones virtuales (Meets, Zoom, etc.) y redes sociales.
Artículo 10 ter: Tipificación de conductas sancionables. Se consideran faltas a la ética y disciplina las siguientes conductas:
a) Agresión verbal y calumnias: El uso de lenguaje obsceno, insultos, o términos denigrantes contra la integridad moral de cualquier afiliado o autoridad.
b) Insinuaciones de comisión de ilícitos sin prueba: Realizar acusaciones públicas o privadas sobre la comisión de delitos por parte de autoridades partidarias, sin haber presentado previamente la denuncia formal ante el Consejo de Ética y Disciplina, con las pruebas correspondientes. Esta conducta se considera falta grave por erosionar la confianza pública en la institución.
c) Acoso digital: El envío sistemático de mensajes hostiles o intimidatorios que afecten el normal desempeño de las funciones de una autoridad partidaria.
Artículo 11: De la prohibición de violencia física e intimidación. El Partido Libertario de Entre Ríos se funda en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y el rechazo absoluto a la iniciación de la fuerza física. En consecuencia, se prohíbe cualquier acto de agresión física, contacto violento o intento de agresión entre sus miembros.
Artículo 11 bis: Tipificación de conductas gravísimas. Se consideran faltas graves sujetas a la sanción de expulsión o suspensión máxima, según la gravedad de la situación, las siguientes acciones:
a) Agresión física: Golpes, empujones, forcejeos o cualquier acto que vulnere la integridad física de un afiliado, autoridad o tercero en el ámbito partidario. Queda también comprendido en este supuesto la tentativa de agresión, no consumada por la intervención de terceros.
b) Amenazas e intimidación: La manifestación de la intención de causar ilegítimamente un daño físico o patrimonial a un miembro del partido o a su familia, ya sea de forma verbal, escrita, gestual o por medios digitales.
c) Hostigamiento por terceros: El uso de personas ajenas al partido (asesores, personal de trabajo, etc.) para realizar actos de amedrentamiento o agresión contra un miembro del partido.
El afiliado que instigue estas conductas será responsable como autor principal.
Artículo 11 ter: Deber de denuncia. Toda autoridad partidaria que presencie un acto de violencia física o amenaza grave, o tome conocimiento fehaciente de ello, tiene la obligación ética e institucional de elevar la denuncia ante el Consejo de Ética y Disciplina de forma inmediata (dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho). La omisión de este deber de denuncia podrá ser considerada, según el caso, como una falta al decoro y cumplimiento de los deberes partidarios.
Artículo 12: Medidas cautelares. Ante denuncias por violencia física, tentativa de agresión o amenazas graves, y siempre que existan elementos de convicción suficientes, el Consejo de Ética y Disciplina podrá disponer la suspensión preventiva del involucrado en su condición de afiliado y/o en el ejercicio de sus funciones partidarias mientras dure el proceso disciplinario.
Artículo 13: Compromiso con la plataforma partidaria. Los afiliados que accedan a cargos públicos electivos o políticos en representación del Partido, asumen el compromiso ético de ajustar su desempeño a la plataforma partidaria y a los principios doctrinarios del Partido Libertario de Entre Rios.
El voto o la acción legislativa que contradiga de forma manifiesta los principios de libertad económica e individual sin una justificación técnica previa ante el Consejo Directivo, será considerado una falta grave a la lealtad partidaria.
Artículo 14: Los funcionarios públicos que representen al Partido deben rendir cuentas periódicamente ante los órganos partidarios sobre su gestión.
Artículo 15: Del respeto a las investiduras y símbolos partidarios. Principio general: Las autoridades del Partido Libertario de Entre Ríos, elegidas conforme a los procedimientos democráticos establecidos en la Carta Orgánica, revisten una investidura institucional que debe ser respetada por todos los afiliados y adherentes. Este respeto es la base de la cohesión y el orden jerárquico necesario para el cumplimiento de los fines partidarios.
Artículo 15 bis: Conductas contrarias al respeto de la investidura. Se consideran faltas al decoro y a la ética las siguientes conductas:
a) Desconocimiento de autoridad: La desobediencia deliberada y pública a las resoluciones emanadas de los órganos competentes.
b) Menoscabo público: El uso de epítetos degradantes, burlas o términos descalificatorios dirigidos a las autoridades en razón de su cargo, ya sea en ámbitos presenciales o plataformas digitales.
c) Atribución de intenciones maliciosas: Realizar declaraciones públicas que imputen a las autoridades móviles espurios o traición a los principios, sin aportar pruebas sustanciales ante el Consejo de Ética y Disciplina.
d) Uso indebido de símbolos: El uso no autorizado de los sellos, logos, papelería oficial o cuentas de redes sociales del partido para emitir opiniones personales que contradigan la línea oficial, pretendiendo revestirlas de autoridad.
Artículo 16: Diferenciación entre crítica e injurias. El ejercicio de la crítica política interna es un derecho inalienable del afiliado. Sin embargo, para que la crítica sea considerada legítima y no una falta a la investidura, debe:
a) Referirse a actos de gestión o posturas ideológicas.
b) Mantener un lenguaje técnico o político, evitando el ataque personal o a la vida privada de la autoridad.
c) Canalizarse preferentemente a través de los órganos de participación interna antes que en medios de comunicación externos o redes sociales abiertas.
Artículo 17: Agravante por función representativa. La falta será considerada grave cuando el infractor también detente un cargo partidario o público en nombre del Partido Libertario de Entre Rios, ya que su conducta afecta doblemente la imagen institucional y la disciplina partidaria.
Artículo 18: Integridad de la Identidad Partidaria. Ningún afiliado puede utilizar el nombre, logos o símbolos del Partido Libertario para eventos, recaudación de fondos o declaraciones públicas que no hayan sido autorizadas por el órgano correspondiente. El uso de la identidad partidaria para fines personales o comerciales está estrictamente prohibido.
Artículo 19: Idoneidad y Parentesco. Los afiliados con cargos de decisión en el ámbito público deben priorizar la idoneidad técnica por sobre los vínculos personales. Se considera una falta ética la designación de familiares directos (hasta el segundo grado de consanguinidad) en cargos de confianza o asesorías, salvo que se demuestre una idoneidad técnica excepcional y sea previamente comunicado al Partido. La utilización del cargo público para favorecer negocios privados de otros afiliados o familiares
será considerada una falta gravísima que amerita la expulsión.
Artículo 20: De la comunicación institucional y la vocería. La representación comunicacional del Partido reside en el Presidente del Consejo Directivo o en quien este delegue expresamente. Ningún afiliado puede arrogarse la representación oficial del Partido ante medios de comunicación, redes sociales de alcance público o eventos externos sin autorización previa. Los afiliados y autoridades partidarias que realicen declaraciones públicas deben aclarar que sus opiniones son a título personal, cuando estas no hayan sido consensuadas con los órganos del Partido.
Artículo 21: De la coordinación estratégica y la unidad de mensaje. Principio de Coherencia Institucional: Para garantizar la claridad de nuestra propuesta ante la ciudadanía y el respeto a la soberanía de la Asamblea, los integrantes de los órganos directivos deben actuar en estrecha coordinación con la estrategia oficial del Partido. La solidez del espacio depende de que sus representantes mantengan una posición unificada en el ámbito público.
Artículo 21 bis: Del accionar político institucional. Se consideran conductas que afectan la armonía y los objetivos del Partido aquellas que, siendo realizadas por autoridades o referentes, se aparten de los lineamientos establecidos por la Asamblea o el Consejo Directivo, tales como:
a) Comunicación y posicionamiento externo: La emisión de declaraciones o comunicados que manifiesten apoyos, elogios o acuerdos con actores externos que contradigan de forma pública la línea política adoptada por las autoridades competentes del Partido.
b) Preservación del proyecto nacional: En toda actuación pública, los cuadros directivos velarán por no comprometer la construcción estratégica nacional del espacio, evitando gestos o declaraciones que pudieran resultar perjudiciales para la imagen de nuestros referentes y el proyecto federal.
Artículo 22: Idoneidad Patrimonial y Responsabilidad Financiera. Principio de Ejemplaridad: Los integrantes del Consejo Directivo, en virtud de la transparencia patrimonial exigida por el artículo 54 de la Carta Orgánica, deben mantener una conducta patrimonial y financiera ejemplar. La solvencia moral del dirigente está intrínsecamente ligada a su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones privadas.
Artículo 22 bis: Requisitos de idoneidad financiera. Se considera una falta ética para integrar el Consejo Directivo, debiendo poner su cargo a disposición si la situación ocurriera durante su mandato, aquellos afiliados que se encuentren en las siguientes situaciones:
a) Inhibiciones y quiebras: Poseer inhibiciones generales de bienes vigentes o haber sido declarados en quiebra (salvo que se demuestre su rehabilitación).
b) Morosidad crítica: Estar calificados en situación de «incobrable» o «irrecuperable» en el sistema financiero (equivalente a situación 4 o 5 de la central de deudores del BCRA o similares), cuando dicha situación sea fruto de una conducta negligente y no de una crisis general debidamente justificada.
Artículo 23: Incompatibilidad ética. Se considera una falta al prestigio partidario la permanencia en cargos de decisión de personas cuya situación patrimonial sea de tal desorden o precariedad que afecte la confianza pública en el Partido o ponga en riesgo la seguridad de los activos partidarios.
Artículo 24: Prohibición de la militancia rentada. De acuerdo con lo establecido en el Art. 53 inc. D de la Carta Orgánica, se prohíbe taxativamente el empleo de militancia rentada. La actividad partidaria debe ser el resultado de la adhesión voluntaria a los principios de libertad y no de una contraprestación económica o material.
Artículo 24 bis: Modalidades Prohibidas. Se considera falta ética grave el ofrecimiento, entrega, solicitud o recepción de:
a) Pagos en dinero: Entrega de efectivo, transferencias o cualquier valor monetario por la realización de tareas de militancia o asistencia a eventos.
b) Pagos en especie: Entrega de bienes de consumo (alimentos, indumentaria,
electrodomésticos), materiales de construcción, o cualquier otro objeto de valor o beneficio material a cambio de participación política.
c) Servicios y favores: Prestación de servicios gratuitos, condonación de deudas personales o provisión de soluciones habitacionales o de salud condicionadas a la militancia. 
d) Promesas de cargos públicos o contratos: Ofrecimiento de puestos en el Estado o asesorías como pago por «movilizar» personas o garantizar afiliados.
e) Recursos públicos: Uso de vales de combustible, pasajes o viáticos estatales para financiar el traslado de personas a actos del partido.
Artículo 25: Alcance de la responsabilidad. Esta prohibición alcanza tanto a las autoridades partidarias que autoricen estos gastos como a los afiliados que actúen como intermediarios o «punteros» en la distribución de estos pagos, ya sea en dinero o en especie.
Artículo 26: Deber de reserva y confidencialidad. Toda información, debate, estrategia o documento, físico o digital, compartido en el ámbito de reuniones partidarias, grupos de mensajería oficiales o conversaciones privadas entre autoridades y afiliados, reviste carácter confidencial, conforme lo establecido por la ley 24.766 de confidencialidad. Su divulgación externa sin autorización expresa del Consejo Directivo y sin respetar los más altos estándares de reserva constituye una falta grave a la ética partidaria. 
Artículo 26 bis: Adicionalmente las autoridades partidarias y afiliados deberán tomar las medidas necesarias para el resguardo de toda información confidencial, en lugares y/o plataformas digitales seguras.
Artículo 27: Prohibición de grabaciones no consentidas. Queda terminantemente prohibido, y será considerado una conducta reprochable y sancionable:
a) Grabación de llamadas y audios: Registrar conversaciones telefónicas o capturar audios para su difusión o utilización como herramienta de presión o chantaje.
b) Videograbaciones subrepticias: Grabar reuniones presenciales o virtuales (Meets, Zoom, etc.) mediante el uso de cámaras ocultas, capturadoras de pantalla o sistemas de seguridad domiciliarios con el fin de filtrar el contenido de las deliberaciones.
c) Viralización de contenido: La difusión en redes sociales, medios de comunicación o grupos ajenos al partido de cualquier material (audio, video o capturas de pantalla) que haya sido obtenido en un contexto de confianza partidaria.
Artículo 28: Excepción de denuncia. La obligación de reserva no rige cuando el material captado contenga la evidencia de la comisión de un delito de acción pública. En tal caso, el afiliado deberá presentar dicho material exclusivamente ante la Justicia ordinaria y el Consejo de Ética y Disciplina, absteniéndose de su viralización pública bajo pena de sanción.
Artículo 28 bis: Excepciones por funcionamiento institucional. No se considerarán conductas reprochables, y quedan expresamente autorizadas:
a) Registros Oficiales: Las grabaciones de sesiones de la Asamblea, del Consejo Directivo o de cualquier otro órgano partidario, siempre que se realicen de forma oficial, con conocimiento de los presentes y conforme a sus respectivos reglamentos internos, con el fin de labrar actas o brindar seguridad jurídica a las decisiones tomadas. El material videograbado de carácter oficial mencionado estará sujeto a las normas de custodia del Partido. Su filtración o edición maliciosa por parte de los responsables de su guarda será considerada una falta gravísima.
b) Consentimiento expreso: Aquellas grabaciones o capturas donde todos los intervinientes hayan manifestado su acuerdo para el registro y posterior uso del material.
Artículo 29: Transparencia Financiera. El manejo de los fondos partidarios y de campaña debe regirse por la máxima publicidad. Queda prohibida la aceptación de donaciones de personas o empresas cuya actividad sea manifiestamente contraria a los principios de la libertad o que busquen un trato de privilegio.
Todo afiliado que gestione fondos debe presentar balances claros y facturación respaldatoria. La negativa a exhibir cuentas ante la Comisión Revisora de Cuentas se presumirá como falta ética.
Artículo 30: De la responsabilidad en las denuncias y la buena fe procesal. Principio de justicia interna: El sistema disciplinario del Partido es una herramienta para preservar la integridad institucional, no para la contienda de facciones. El uso abusivo de este sistema debilita la cohesión institucional.
Artículo 30 bis: La presentación de denuncias ante el Consejo de Ética y Disciplina basadas en hechos manifiestamente falsos, o carentes de todo sustento probatorio mínimo, será considerada una falta grave a la ética partidaria.
Artículo 31: Temeridad y malicia. Se considerará una agravante cuando la denuncia tenga por único fin el menoscabo de la imagen de un afiliado para bloquear una candidatura en procesos internos o distorsionar la competencia democrática.
Artículo 32: Durante el trámite del proceso disciplinario y hasta tanto lo resuelto no adquiera carácter de cosa juzgada material, toda información suministrada y recibida en el marco de una denuncia, será tratada en forma confidencial y los resultados de la investigación no serán revelados o discutidos con ninguna persona, salvo con aquellas personas que por sus funciones tengan una necesidad legítima de conocerlos.
Artículo 33: Durante el trámite del proceso disciplinario se debe procurar evitar daños a la reputación de las personas denunciadas, como así también cualquier tipo de discriminación o represalia contra quienes denuncien.
Artículo 34: De la custodia de los activos intangibles e información institucional. Principio de propiedad institucional: La información estratégica y las bases de datos de afiliados, simpatizantes y donantes constituyen el activo más valioso del Partido y pertenecen exclusivamente a la institución, no a las personas que circunstancialmente los administran. 
Artículo 34 bis: Definición de activos. Se consideran activos institucionales las bases de datos, padrón de afiliados, listados de contactos, estrategias de campaña no publicadas, claves de acceso a redes sociales oficiales y cualquier información financiera generada en el ámbito partidario.
Artículo 35: Uso restringido. El acceso a estos datos está limitado exclusivamente al cumplimiento de funciones oficiales. Su uso para fines comerciales, personales o para la promoción de proyectos ajenos al Partido Libertario de Entre Rios está estrictamente prohibido.
Artículo 36: Deber de restitución. Al cesar en su cargo, toda autoridad debe restituir el acceso a estos activos y eliminar cualquier copia en su poder. La extracción de bases de datos para su utilización en otras fuerzas políticas u otros fines ajenos a la institución partidaria será considerada una falta gravísima de deslealtad patrimonial.
TÍTULO III
De las sanciones
Artículo 37: Tipos de Sanciones. El Consejo de Ética y Disciplina, tras el agotamiento del procedimiento administrativo correspondiente y mediante resolución fundada, podrá aplicar las siguientes sanciones, las cuales podrán ser concurrentes si la naturaleza de la falta ética lo amerita:
a) Apercibimiento escrito: Llamado de atención formal que se incorporará al legajo o registro del integrante.
b) Multa de carácter pecuniario.
c) Suspensión temporal: Privación del ejercicio del cargo o de los derechos políticos partidarios por un período determinado.
d) Remoción del cargo: Cese inmediato y definitivo de las funciones de autoridad partidaria o cargo de gestión, por pérdida de idoneidad ética para el desempeño del mandato.
e) Inhabilitación: Prohibición para postularse a cargos electivos o de designación interna por el tiempo que la resolución determine.
f) Expulsión o desafiliación: Sanción máxima consistente en la desvinculación definitiva de la institución partidaria por faltas gravísimas que comprometan irreversiblemente los valores y la existencia de la organización.
Artículo 38: Criterios de Graduación. Para determinar la sanción aplicable, el Consejo deberá ponderar las siguientes consideraciones, las cuales tienen carácter enunciativo y orientativo, no siendo de interpretación restrictiva:
a) La gravedad de los hechos y el perjuicio causados a la institución partidaria.
b) El grado de jerarquía y responsabilidad de quien comete la falta (a mayor jerarquía, mayor exigencia de conducta).
c) La reincidencia del infractor.
d) Si afecta las relaciones de confianza entre las partes
e) Si existió dolo o fraude
f) La existencia de atenuantes, como el reconocimiento espontáneo de la falta o la reparación del daño antes de la sentencia.
TÍTULO IV
Parte adjetiva o de procedimientos.
CAPÍTULO I
Normas de aplicación general
Artículo 39: Los procedimientos disciplinarios correspondientes a las faltas cometidas por los afiliados del Partido Libertario de Entre Rios, se regirán por las normas del presente código. En todas las instancias los procedimientos estarán exentos de fórmulas rituales y se priorizarán las cuestiones de fondo por sobre los rigorismos formales.
Artículo 40: En lo que no estuviera expresamente previsto en el presente código, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Rios y sus modificatorias. Asimismo, cuando sea procedente, regirá supletoriamente la Ley 7060 de la provincia de Entre Rios y sus modificatorias, relativas a procedimientos administrativos.
CAPÍTULO II
Días y horas hábiles
Artículo 41: Serán días hábiles para la tramitación de los procedimientos disciplinarios, los establecidos con ese carácter para la Administración Provincial de Entre Ríos.
Artículo 42: Serán horas hábiles las fijadas para el horario de 08:00 a.m hasta las 12:30pm. A los efectos del plazo de gracia para la presentación de escritos, se entiende que las dos (2) primeras horas se computan a partir de las ocho (08) horas del día siguiente hábil, aun cuando ciertos servicios de la Institución puedan comenzar a prestarse con anterioridad a esa hora.
Artículo 43: El Consejo de ética y disciplina, podrá habilitar días y horas para los procedimientos que no admitan demora.
CAPÍTULO III
Recusaciones y excusaciones
Artículo 44: Los miembros del Consejo de ética y disciplina podrán solamente ser recusados por los/las afiliados/as sujetos/as a un procedimiento disciplinario por las causas legales establecidas a continuación:
a. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios/as o letrados/as.
b. Tener el miembro del Consejo de ética y disciplina o sus consanguíneos o afines, dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno/a de los/las litigantes, procuradores/as o abogado/as, salvo que la sociedad fuese anónima.
c. Tener pleito judicial pendiente con el/la recusante.
d. Ser acreedor/a, deudor/a o fiador/a de alguna de las partes.
e. Ser o haber sido actor/a o denunciante o querellante contra el/la recusante, o denunciado/a o querellado/a por éste con anterioridad a la iniciación del procedimiento disciplinario.
f. Haber sido defensor/a de alguno/a de los/las litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
g. Haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes.
h. Tener con alguno/a de lo/las litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.
i. Tener contra la recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos públicos conocidos. En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidos a el/la miembro del consejo de ética y disciplina después de que haya comenzado a conocer del asunto.
Artículo 45: La recusación de los/las miembros del Consejo de ética y disciplina deberá deducirse en la primera presentación que se efectúe, cualquiera sea el estado de la causa, bajo pena de caducidad de poder ejercer esa facultad en adelante.
Artículo 46: Operada la recusación, se incorporará un/a miembro suplente en reemplazo del miembro titular recusado; se notificará esta circunstancia al recurrente para que pueda ejercitar el derecho a la recusación con causa, dentro del quinto (5°) día siguiente, bajo iguales efectos.
Artículo 47: Las recusaciones se sustanciarán de acuerdo y en forma análoga con lo establecido por la ley 7060 de la provincia de Entre Rios y sus modificatorias, relativa a procedimientos administrativos.
Artículo 48: Los/las miembros del Consejo de Ética y Disciplina podrán excusarse únicamente por las causas legales establecidas en el artículo 44 del presente código. Dicho trámite se sustanciará por incidente.
Artículo 49: Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por el/la Presidente/a del Consejo de ética y disciplina o quienes legalmente lo/la sustituyan. En el primer caso, y de corresponder, designará quién reemplazará al miembro que quede excluido/a.

CAPÍTULO IV
Personería
Artículo 50: Los/las afiliados/as sujetos/as a procedimientos disciplinarios podrán actuar por su propio derecho, sin perjuicio de su derecho de contar con asesoramiento legal, o por apoderado/a. Podrán ser apoderados/as los/las abogados/as con matrícula vigente del Colegio de Abogados de la provincia de Entre Rios. Podrán asimismo actuar como apoderados/as el/la cónyuge, sus descendientes o ascendientes dentro del segundo grado de consanguinidad.
Artículo 51: En caso de abogados con matrícula vigente, el mandato deberá estar instrumentado mediante escritura pública pudiendo ser de carácter especial para la causa ética o de carácter general para asuntos judiciales. El/la cónyuge, descendientes o ascendientes, deberán acreditar el vínculo fehacientemente y podrán actuar en esta etapa, mediante carta poder otorgada ante autoridad judicial, escribano/a público/a o ante el propio Consejo de ética y disciplina.
Artículo 52: Rigen para la actuación por representación las normas de la ley 7060 de la provincia de Entre Rios y sus modificatorias, relativa a procedimientos administrativos .

CAPÍTULO V
Constitución de domicilio especial
Artículo 53: Todo/a afiliado/a o su apoderado/a, una vez notificado/a del inicio del sumario ético deberá: a) en la primera presentación, informar un domicilio especial dentro del perímetro de la provincia de Entre Rios; b) denunciar una casilla de correo electrónico (domicilio electrónico) donde serán válidas todas las notificaciones que el Consejo de ética y disciplina realice, en el marco del procedimiento disciplinario. El/la afiliado/a será el/la único/a responsable del correcto funcionamiento de dicho domicilio electrónico.
Artículo 54: El domicilio constituido, así como, el domicilio electrónico denunciado por el/la afiliado/a, producirán todos sus efectos sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones que se le cursen.
Artículo 55: En caso de no constituirse domicilio especial en la primera presentación, se tendrá automáticamente por fijado aquél donde se practicare la última notificación previa al escrito. Dicho domicilio constituido quedará subsistente de allí en adelante, salvo modificación expresa en el expediente disciplinario. El domicilio constituido reviste carácter de especial, por lo que no
lo alteran las modificaciones o cambios del domicilio que se tenga registrado.
Artículo 56: Regirá, asimismo, lo dispuesto en el artículo anterior cuando la falta de constitución de domicilio especial correspondiera a la presentación de un/una apoderado/a o representante.

CAPÍTULO VI
Escritos
Artículo 57: Los escritos deberán ser enviados en formato “PDF” al correo electrónico institucional del Consejo de ética y disciplina del Partido Libertario de Entre Rios, identificado en la siguiente casilla de correo: consejodeeticaydisciplina@partidolibertarioentrerios.com, dentro de los plazos establecidos, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados.
Artículo 58: Todo escrito enviado electrónicamente al correo institucional aludido en el artículo 57 del presente código, debe estar encabezado por una suma o resumen inicial, indicar el número del expediente, precisar el nombre y apellido de quien lo presenta, documento nacional de identidad, carácter en que actúa, constitución de domicilio especial y electrónico a los efectos de la recepción de futuras notificaciones.
Artículo 59: La documentación que se adjunte a cualquiera de los escritos también deberá ser digitalizada y ser copia fidedigna de sus originales, sin perjuicio de la facultad de el/la Presidente/a del Consejo de ética y disciplina, de solicitar la exhibición de los originales y/o la entrega de copias certificadas por escribano/a público/a o autoridad judicial para el caso de considerarlo necesario. Es obligación del presentante preservar los originales de los escritos
presentados digitalmente, como también de la documental adjunta, hasta que le sean requeridos por el organismo interviniente de oficio o a pedido de parte interesada.
Se tendrá por no presentado el escrito y/o documental, si dentro de los tres (3) días siguientes a los de la notificación de la providencia que exige el cumplimiento de la presentación de los originales, en la forma establecida, no fuere suplida la omisión.
Artículo 60: Los escritos enviados electrónicamente por los/las afiliados/as, así como la documentación que se adjunte, la denuncia que diera origen a la causa ética y los proveídos y resoluciones que se dicten, estarán disponibles para su consulta en un expediente en formato papel/físico, bajo la forma de un expediente foliado, cuyo original permanecerá siempre en custodia del organismo instructor y que pasará para su archivo al Consejo de Ética y Disciplina toda vez que la sentencia quede firme. Tendrán acceso a dicho expediente únicamente los/las afiliados/as allí denunciados/as y/o sus apoderados, manteniéndose de esta forma la reserva total del expediente. Las partes podrán tomar vistas del expediente y requerir, a su costo, fotocopia completa o de las partes que consideren necesarias.
Artículo 61: El comprobante de la fecha y hora de presentación de los escritos electrónicamente será el asignado por el sistema de correo electrónico. El escrito no presentado dentro del día que venciere un plazo, sólo puede ser entregado y presentado el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos (2) primeras horas hábiles. Lo antedicho es sin perjuicio de la facultad prevista por el artículo 59 del presente código y la respectiva sanción ante la falta de cumplimiento.
Artículo 62: El rechazo de escritos improcedentes se dispondrá mediante resolución de el/la Presidente/a del Consejo de ética y disciplina, o su reemplazo legal según corresponda, con indicación de la causa, dejándose constancia de ello en el expediente físico.

CAPÍTULO VII
Notificaciones
Artículo 63: Las notificaciones se practicarán por alguno de los siguientes medios:
El primer traslado al cual se alude en el artículo 53 del presente se notificará a el/la afiliado/a por cualquiera de los siguientes medios:
a) Por cédula que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por la ley 7060 de la provincia de Entre Rios y sus modificatorias, relativa a procedimientos administrativos . En tal caso, el Consejo de ética y disciplina designará por resolución expresa, la persona que actuará como funcionario/a encargado/a de practicarla.
b) Por telegrama con aviso de entrega
c) Por carta documento.
Artículo 64: Todas las demás notificaciones, durante el curso del proceso y hasta la sentencia final inclusive y sus eventuales trámites ante el Consejo de Ética y Disciplina, se practicarán por los siguientes medios:
a) Por notificación personal de la parte interesada, su apoderado/a o representante legal al expediente físico en el domicilio o sede donde funcione el órgano, siguiendo los procedimientos previstos para tomar vista del mismo.
b) Por correo electrónico (mail) al domicilio electrónico que denuncie el/la afiliado/a en su primera presentación y adonde serán válidas todas las notificaciones que le curse el Consejo de ética y disciplina.
A efectos del procedimiento ético, tanto la notificación en el domicilio electrónico denunciado por el/la afiliado/a como la notificación personal tienen los mismos efectos que las notificaciones previstas en los demás incisos del artículo 61, teniendo validez procesal la primera que se produzca en el tiempo.
Artículo 65: Las notificaciones por edictos procederán cuando el/la afiliado/a no hubiera constituido domicilio electrónico, tornando imposible la aplicación del artículo 64, o bien se desconocieran los domicilios -reales o especiales- que tiene el deber de informar a los fines de su afiliación partidaria, o estando informados, hubieren fracasado las practicadas, conforme el artículo 63, y luego de tal fracaso tampoco fueran efectivas las nuevas notificaciones practicadas por alguno de los medios previstos en los domicilios que informen la Cámara Nacional Electoral y/o la Policía Federal, en este último caso sólo cuando se trate de extranjeros/eras, mediante requerimiento por oficio del Consejo de ética y disciplina. Se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Entre Rios durante tres (3) días y la resolución objeto de la publicación se
considerará válidamente notificada transcurridos cinco (5) días hábiles computados desde el siguiente al de la última publicación. A los efectos de su acreditación procesal, será suficiente que conste en el expediente un único ejemplar de la publicación por el Boletín Oficial de Entre Rios.

CAPÍTULO VIII
De los procedimientos ante el Consejo de Ética y Disciplina
Disposiciones generales
Artículo 66: Los expedientes disciplinarios serán reservados para preservar los derechos de el/la denunciado/a sujeto al mismo. Sólo tendrán acceso a los mismos el/la denunciado/a, su apoderado/a legalmente acreditado/a o su representante familiar cuya personería se acredite en los términos del artículo 51 del presente código.
El Consejo de Ética y disciplina determinará los/las funcionarios/as de su dotación que tendrán acceso a los expedientes y practicarán las diligencias que se dispongan en virtud del carácter reservado del procedimiento.
De las denuncias
Artículo 67: Los procedimientos disciplinarios por presuntas violaciones a los principios y obligaciones previstas en la Carta orgánica del Partido Libertario de Entre Rios, como también en su Código de Ética, podrán promoverse:
a) por denuncia fundada en forma escrita y/o digital en el correo electrónico institucional del órgano: consejodeeticaydisciplina@partidolibertarioentrerios.com;
b) por resolución motivada del Consejo Directivo;
c) por comunicación de magistrados judiciales ante la comisión de delitos penales; y
d) de oficio por el propio Tribunal.
Artículo 68: Las denuncias que formulen los/las afiliados/as o cualquier persona deberán ser ratificadas en el caso de que no sean presentadas con firma digital o firma certificada por escribano/a, autoridad judicial, policial o competente. La citación la dispondrá el/la Presidente/a del Consejo de Ética y Disciplina fijando plazo y audiencia para hacerlo, la que se practicará ante la autoridad que designe el órgano o quien se autorice en su reemplazo. El/la denunciante
deberá informar su domicilio real y constituido (dentro del perímetro de la provincia de Entre Rios), como así también un domicilio electrónico para futuras citaciones, debiendo además exhibir los originales de la documentación que presente relacionada al hecho denunciado (incluyendo el documento de identidad y, de corresponder, el instrumento que acredite la representación que invocare), los que se digitalizarán y se agregarán a la causa. Deberá informar sobre todos los hechos y circunstancias que habiliten el conocimiento de las faltas éticas que atribuye.
Las denuncias podrán ser ingresadas vía correo electrónico a la casilla institucional: consejodeeticaydisciplina@partidolibertarioentrerios.com en documentos PDF, a efectos de incorporar la documentación al expediente digital y/o en papel.
Artículo 69: Los/las denunciantes no serán parte en la causa que se sustancie, no tendrán acceso a los expedientes, ni deberán ser notificados/as de las resoluciones que se dicten. Están obligados/as a aportar, después de la ratificación, las aclaraciones y pruebas que se les soliciten.
Artículo 70: Si los/las denunciantes no ratificaran la denuncia en los plazos o audiencias que se fijen, el/la Presidente/a del Tribunal podrá ordenar el archivo de las actuaciones. Sin embargo, atendiendo a la gravedad y verosimilitud de los hechos denunciados, podrá disponer medidas de prueba e incluso proseguir de oficio el procedimiento con los elementos aportados en la
denuncia.
No se requerirá ratificar cuando la denuncia sea interpuesta por los organismos competentes
mencionados en el artículo 67.
Artículo 71: La denuncia motivada del Consejo Directivo requiere la individualización de los antecedentes de donde surgen las posibles faltas éticas y responsabilidad de los afiliados/as.
Artículo 72: El Consejo de ética y disciplina se encuentra facultado para requerir tanto a la autoridad judicial correspondiente, administración pública nacional, provincial o municipal, entidades bancarias y bolsas de comercio o cualquier otro tipo de ente público sea estatal o no estatal, la información necesaria para la prosecución de la causa disciplinaria.
Artículo 73: El Consejo de ética y disciplina podrá disponer la formación de oficio de causas disciplinarias. Tanto en este caso como en los previstos por los incisos b) y c) del artículo 67, deberá establecer contra quién se dirigen los cargos, y las normas que resultarían aplicables. Sin perjuicio de ello, si del aporte de pruebas o de lo manifestado en los diversos escritos y/u oficios
se pudiere inferir la comisión de otras posibles faltas éticas, se podrá ampliar la imputación corriéndose la respectiva vista a el/la afiliado/a a efectos de que ejerza su descargo en cualquier etapa y hasta la finalización del período de producción de la prueba. En las denuncias de afiliados particulares, el consejo de ética y disciplina deberá establecer las normas a considerarse aplicables
Del procedimiento del sumario.
Artículo 74. El/la Presidente/a del Consejo de Ética y Disciplina designará el/los funcionarios partidarios que intervendrán en la instrucción remitiéndole el expediente. Cumplidos los procedimientos previos que fueren necesarios, se dará traslado a el/la imputado/a por el término de diez (10) días notificándosele la providencia con remisión de copia de la denuncia
inicial, del acta de ratificación si la hubiere y del acto establecido en el artículo 75. El plazo del traslado podrá ser ampliado por el/la Presidente/a del Consejo de Ética y Disciplina por resolución fundada y a petición de parte, cuando razones fundadas lo justifiquen, siempre que se formule antes del vencimiento del mismo y se constituya domicilio especial y electrónico en forma expresa. Este primer traslado se notificará por cualquiera de los medios de notificación
descriptos en el artículo 63.
Artículo 75: Vencido el término del artículo precedente, haya sido evacuado o no por el/la denunciado/a, el Consejo de Ética y Disciplina decidirá si existe mérito suficiente. En caso negativo, dispondrá el archivo de la causa. En caso afirmativo, dispondrá la iniciación del sumario, proveyendo la apertura a prueba por el plazo de quince (15) a treinta (30) días prorrogables según el caso. Si el/la denunciado/a no contestara el traslado conferido, continuará
el trámite sumarial previa declaración en rebeldía a el/la denunciado/a que deberá ser notificado/a, quedando firme pasados cinco (5) días de la notificación. El/la denunciado/a podrá comparecer en cualquier momento pero no se retrogradarán los actos procesales cumplidos y deberá cumplir con las previsiones del artículo 53 del presente código.
Artículo 76: Dentro del plazo acordado en el traslado, o en su ampliación, el/la denunciado/a debe presentar su escrito de descargo con los recaudos formales establecidos. Debe indicar además: a) nombre y apellido; b) en caso de actuar representado por abogado apoderado, tomo y folio de matriculación; c) exposición de los hechos; d) detalle de la prueba que ofrece; e) detalle
de la prueba documental que acompaña; f) petitorio final. 
Asimismo, y para el caso de notificación por correo electrónico de las resoluciones del Tribunal, el plazo comenzará a correr a partir del tercer (3°) día hábil siguiente de su notificación electrónica.
De las pruebas
Artículo 77: El/la denunciado/a podrá acompañar y ofrecer los siguientes medios de prueba:
1. documental;
2. informativa;
3. pericial;
4. testimonial.
El/la Presidente/a del Consejo de ética y disciplina podrá ordenar de oficio, en cualquier estado del procedimiento, las medidas de prueba que estime pertinente, sin limitación alguna, con garantía del debido proceso adjetivo y del derecho de defensa. El/la denunciante podrá ofrecer y/o presentar pruebas en el escrito de denuncia o en su ratificación, pero aún en el caso de que
el Consejo de Ética y Disciplina disponga su producción, carecerá del derecho a controlarla al no tener en ningún momento acceso al expediente.
Artículo 78: Con el auto de apertura a prueba, el/la Presidente/a del Consejo de Ética y Disciplina determinará:
1. La producción de la prueba ofrecida por el/la denunciado/a, desestimando la que considere inconducente a la cuestión planteada, fuere manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria.
2. El plazo para su producción, el que no podrá exceder de treinta (30) días, prorrogables por medio de auto fundado.
Artículo 79. Las resoluciones que se dicte sobre la procedencia o no de la prueba y la producción de la misma son inapelables. Sólo se podrá insistir sobre la prueba denegada, según el artículo 78, inciso 1, en el escrito de apelación de sentencia ante la Asamblea. 
Artículo 80: Corresponde a el/la denunciado/a instar la producción de la prueba ofrecida por el/ella, pudiendo el Consejo de Ética y Disciplina darle por decaído el derecho a la misma, de mediar negligencia de su parte en instar su producción, la que no podrá replantearse en instancias posteriores. Cuando el Tribunal ordene el libramiento de oficios a cualquier dependencia o instituciones públicas o privadas, estos serán confeccionados y diligenciados por el funcionario designado a cargo de la instrucción, o por el/la denunciado/a debiendo informarse que los mismos deben ser respondidos a la sede del Consejo de Ética y Disciplina, consignando la dirección de este último o la de su correo electrónico y con la debida mención a la causa ética de la cual se trata.
Artículo 81: La producción de la prueba se rige por las normas de aplicación supletoria previstas en el presente código. De mediar la necesidad de designar peritos u otros/otras auxiliares de oficio se proveerá la forma de asegurar su independencia y el derecho a su retribución.
Artículo 82: Producida la prueba ofrecida por el/la denunciado/a y la dispuesta de oficio, se le dará vista por un plazo común de cinco (5) días al denunciado/a y al funcionario partidario designado encargado de la instrucción, para que se alegue sobre el mérito de la misma. Vencido el plazo, con o sin alegato, pasarán los autos a sentencia.
De la sentencia
Artículo 83: Las sentencias del Consejo de Ética y Disciplina del Partido Libertario de Entre RIos, se dictarán cumpliendo con los recaudos previstos en la Carta Orgánica, como también los requisitos de forma que tengan aplicación supletoria.
En especial, constarán de las siguientes partes:
a) Visto: en la que se indicarán los antecedentes y la prueba aportada.
b) Considerando: en la que se analizará el mérito de las pruebas y antecedentes y la calificación de la conducta.
c) Resolución: en la que se dejará consignado si ha existido o no violación a los principios previstos en la Carta Orgánica o el Código de Ética y, en su caso, la norma transgredida y la sanción a aplicar, el archivo del expediente o las recomendaciones que se estimen necesarias.
Artículo 84: De mediar voto distinto que comparta la decisión final o disidencia sobre ésta, el miembro que la produzca, deberá suscribir la sentencia indicando “según su voto” o “en disidencia” antes de su firma y hacer constar su texto en forma separada luego de la sentencia.
La firma electrónica o digital de las sentencias así como de cualquier proveído o resolución que se dicte tendrá el mismo valor que la ológrafa o manuscrita.
Artículo 85: En todos los casos en que se impongan sanciones, se aplicarán las costas causadas que serán obligatorias aun cuando se omita ese pronunciamiento en la sentencia.
Las costas en las causas serán liquidadas por el Consejo de Ética y Disciplina, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia.
Artículo 86: En ningún caso se regularán honorarios a auxiliares apoderados/as, patrocinante/s o peritos consultores técnicos, sin perjuicio de que se les certifiquen las actuaciones en que consten sus trabajos para ser reclamadas contra quienes resulten obligados por las vías que correspondan.
Del recurso de apelación ante la Asamblea.
Artículo 87: Contra todas las sentencias condenatorias, podrá interponerse el recurso de apelación dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación.
El recurso deberá ser fundado y presentado ante el Consejo de Ética y Disciplina conforme lo previsto en el presente código, debiendo en el mismo el apelante constituir un domicilio especial y un domicilio electrónico (casilla de e-mail). El Tribunal podrá declarar firme la sentencia si no se interpusiera recurso o fuera presentado extemporáneamente. De mediar recurso, y salvo lo
previsto anteriormente, el Consejo remitirá la causa a la Asamblea, dentro de los diez (10) días siguientes de la presentación.

CAPÍTULO IX
De la sustanciación de la apelación ante el Consejo Directivo.
Del recurso de apelación
Artículo 88: Recibida la causa en la Asamblea, la Presidencia de dicho órgano dispondrá su tramitación de acuerdo con lo establecido en sus reglamentaciones internas.
Artículo 88 bis: Las notificaciones se cursarán al último domicilio electrónico que el/la apelante hubiera constituido en el expediente. El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones que se le cursen.
En caso de falta de constitución de domicilio electrónico se tendrá automáticamente por fijado aquel domicilio donde se hubiere practicado la última notificación previa al escrito. Dicho domicilio constituido quedará subsistente de allí en adelante, salvo modificación expresa en el expediente disciplinario. El domicilio constituido reviste carácter de especial, por lo que no lo alteran las modificaciones o cambios del domicilio que se tenga registrado.
La falta de constitución de domicilio será responsabilidad de el/la apelante, quién no podrá invocar la falta de notificación para eludir sus responsabilidades.
Artículo 88 ter: Los escritos durante la tramitación del recurso de apelación ante la Asamblea, deberán ser presentados en forma digital a través del correo institucional de dicho órgano, sin perjuicio de la facultad de requerirse su presentación en forma física, con firmas ológrafas.
Artículo 89: Durante la tramitación del recurso se notificarán a el/la denunciado/a las providencias que se dicten sobre excusaciones o recusaciones y/o medidas para mejor proveer que se dispongan. En estos o demás casos en que medien notificaciones el/la denunciado/a tendrá vista del expediente por el plazo de cinco (5) días hábiles.
Artículo 90: La resolución definitiva del recurso de apelación contendrá los recaudos establecidos en el artículo 83 de este código.

TÍTULO V
De la ejecución de las sanciones disciplinarias
Artículo 91: Consentida o ejecutoriada una sanción disciplinaria, el/la Presidente/a del Consejo Directivo, con noticia en la primera sesión, dispondrá su cumplimiento por intermedio del Consejo de Ética y Disciplina. Si no mediara recurso y quedara consentida en la instancia ante el propio Tribunal, éste procederá a su cumplimiento informando al Consejo Directivo con carácter reservado.
Sin perjuicio de ello, el Consejo de Ética y Disciplina al imponer la sanción de expulsión, podrá agregar la de suspensión provisional hasta tanto aquella quede firme. Si la sanción definitiva fuera de suspensión temporaria, se computará como cumplimiento parcial o total de ella, según resulte, el tiempo transcurrido en suspensión provisoria.
Artículo 92: La medida dispuesta en el artículo anterior, se dispondrá no bien estén vencidos los plazos para recurrir, cuando no mediara recurso judicial. De interponerse el recurso, el cumplimiento de la sanción que resulte será ordenado una vez devueltas las actuaciones, en caso de corresponder.
Artículo 93: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92 y en el caso de que se impongan sanciones inhabilitantes, el Consejo de Ética y Disciplina deberá formar un incidente de ejecución por separado. Dicho incidente deberá contener al menos copia de la sentencia del Consejo de Ética y Disciplina, de la resolución de la Asamblea, de la sentencia judicial y su notificación. Este incidente deberá formarse una vez que el órgano judicial interviniente dicte resolución informando que la sentencia confirmatoria de la sanción ha quedado firme o que la representación del Consejo así lo informe en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos desde que se ha notificado la sentencia dictada por el órgano judicial. Este incidente se incorporará al expediente principal no bien sea devuelto por el Poder Judicial. 
Artículo 94: El Consejo de Ética y Disciplina dictará un auto que disponga el cumplimiento y medidas consecuentes, a efectos de la ejecución de sentencia, debiendo notificar de la misma al sancionado.
Artículo 95: Las sanciones de suspensión al afiliado se cumplirán a partir del día primero del mes siguiente al auto del Consejo de Ética y Disciplina que dispone su cumplimiento, el que deberá fijar cuándo vence. Durante el período de la sanción, el/la afiliado/a suspendido/a no podrá ejercer acto ni representación partidaria alguna, bajo pena de expulsión.
Artículo 96: La sanción de expulsión deberá ser cumplida por el/la afiliado/a desde el día en que quede firme la resolución del órgano partidario respectivo o sentencia judicial. El Consejo de Ética y Disciplina dictará el auto que mande cumplir y registrar la sanción ante las autoridades competentes.
Artículo 97: Son sanciones públicas las de apercibimiento público, suspensión en el ejercicio de la condición de afiliado partidario y expulsión. Estas sanciones se deberán difundir por los medios que establezca el Consejo Directivo íntegramente o con síntesis suficientemente informativas y se comunicarán a las autoridades competentes en materia electoral del Poder Judicial de la Nación y a los organismos públicos que correspondan y/o determine el Consejo de ética y disciplina.
Artículo 98: Las sanciones deberán ser publicadas en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de haber quedado firmes. A tales efectos, el Consejo de Ética y Disciplina deberá informar a la Consejo Directivo, dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas de aquellas sentencias que no hayan sido objeto de apelación ante la Asamblea.
Asimismo, el Consejo Directivo arbitrara los medios que corresponda para la publicación de dichas sanciones, así como, de aquellas sanciones que hubieran quedado firmes luego de haber sido objeto de tratamiento en la Asamblea o en la Justicia. Una vez cumplido con los pasos anteriores, el Consejo Directivo informará de estas publicaciones -y su estado- al Consejo de Ética y Disciplina, que sólo podrá disponer el archivo de las actuaciones una vez recibida esta
comunicación.
Artículo 99: El Consejo de Ética y Disciplina llevará el registro de las sanciones disciplinarias que se impongan.
Por último, siendo la hora 18:00 del día 20 del mes de enero del año 2026, teniendo presente lo dispuesto en la parte resolutiva de la presente y no habiendo otro tema a tratar en el orden del día, se da por finalizado el acto, suscribiendo a continuación y en conformidad los miembros presentes.

Pablo Rubén Jurado  Yanina Soledad Gassmann Federico Alberto Nicolas                                                                                          Vizgarra

DNI 37.291.059                     DNI 31201851                    DNI 37735085